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Este es el segundo informe difundido por la misión electoral del Centro Carter desde la llegada del equipo de observación el 20 de octubre de 2003. El Centro Carter agradece al Gobierno y al pueblo de Guatemala la oportunidad de acompañar el proceso electoral junto con las otras misiones internacionales de observación electoral, incluyendo la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos. El Centro también agrega su voz a las de estas misiones en felicitar a los ciudadanos de Guatemala por su participación pacífica y comprometida en las elecciones del 9 de noviembre. Asimismo reconocemos y aplaudimos la dedicación de las autoridades electorales y de los observadores nacionales, quienes trabajaron frecuentemente en condiciones difíciles.

Desde la celebración de las elecciones nacionales el 9 de noviembre, El Centro Carter se estableció en Quetzaltenango y en Sololá concentrándose en el Altiplano Occidental de Guatemala, región caracterizada por altos índices de pobreza, frágiles instituciones judiciales y secuelas permanentes del pasado conflicto armado interno. A la vez que recabó información respecto a la situación de los derechos humanos en el ámbito regional, el Centro Carter también busco fortalecer su apoyo a grupos de observación nacionales. A nivel nacional y en los departamentos de Baja Verapaz, Chimaltenango, El Quiché, Sololá, Quetzaltenango, Totonicapán, San Marcos, y Huehuetenango, el Centro Carter colaboró en la convocatoria y coordinación de encuentros interinstitucionales a fin de compartir evaluaciones y recomendaciones relacionados con el proceso electoral. Han participado de estas reuniones miembros de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), Mirador Electoral, la Segunda Misión Indígena de Observación Electoral, la Universidad de San Carlos, la Universidad Rafael Landívar, el Ministerio Publico (MP), la Policía Nacional Civil (PNC), y el Tribunal Suprema Electoral (TSE).

Participación en las elecciones
Según datos proporcionados por el TSE, a pesar del clima de inseguridad e incertidumbre prevaleciente con anterioridad al 9 de noviembre, el 58 por ciento de los empadronados ejercieron su sufragio durante la jornada electoral. El Centro Carter celebra esta elevada participación cívica y hace notar la creciente tendencia a una mayor participación electoral desde las elecciones en 1995 y 1999. En el Altiplano Occidental, (El Quiché, Sololá, Chimaltenango, Quetzaltenango, Huehuetenango, San Marcos, Totonicapán), donde se desplegaron los observadores del Centro Carter, los resultados del TSE muestran un patrón semejante. Sin embargo, este patrón general amerita un mayor análisis dado que el grado de participación varía ampliamente entre los municipios de estos departamentos, oscilando entre un 35 y un 90 por ciento de participación.

Los observadores nacionales con quienes se reunió El Centro Carter coincidieron unánimemente en destacar la alta participación de la mujer, especialmente de las comunidades indígenas, como uno de los avances mas significativos de estas elecciones. Sin embargo, especialmente en las regiones más pobres sin acceso a educación electoral y a una mínima fiscalización, esta participación excepcional deberá ser analizada teniendo en cuenta las estrategias de coacción e inducción puestas en práctica por algunos partidos políticos, tema que se discute ampliamente más adelante. Algunos observadores locales señalan asimismo la notable ausencia de representación indígena tanto entre las autoridades electorales como entre los candidatos a puestos en todos los niveles de gobierno.

Otra particularidad notable que se comentó en las reuniones interinstitucionales convocadas por El Centro Carter fue la frecuencia sin precedentes con la que se emitió un voto cruzado entre distintos partidos. Los ciudadanos que en elecciones previas votaron por el mismo partido tanto a nivel municipal, distrital, y nacional, se encontraban esta vez mejor preparados y deseosos de discriminar entre candidatos y dividir su voto, tal como lo permite la ley. Debe destacarse sin embargo, que hubo una importante variación regional en la frecuencia con que se dio el voto cruzado.

Acceso a las urnas
El número relativamente alto de votantes que acudió a las urnas el día de las elecciones se encontró con interminables colas y una confusión administrativa generalizada, todo ello a causa de la ineficiencia en los procedimientos electorales y serios errores en el padrón recientemente actualizado. Anteriormente en el año, un gran número de votantes acudió a la convocatoria del TSE para actualizar sus datos en el padrón electoral, sin embargo el día de las elecciones encontraron que o bien sus nombres no aparecían registrados o los oficiales electorales no estaban capacitados para encontrar los nombres de los votantes y para orientarlos adecuadamente, especialmente teniendo en cuenta los idiomas regionales y los altos niveles de analfabetismo. El insuficiente número de mesas y su aglomeración en espacios reducidos exacerbó las tensiones resultantes que llevaron a situaciones de violencia y a la quema de urnas en algunos municipios como Cuyotenango y El Quetzal. De acuerdo con análisis confiables vertidos por observadores independientes hubo un importante número de ciudadanos que no pudieron ejercer el voto como resultado de estos obstáculos.

Aún a pesar de estos impedimentos, los observadores del Centro Carter así como otros observadores nacionales e internacionales destacaron la sorprendente paciencia, tolerancia, y determinación de los votantes. El TSE ha expresado su compromiso de tomar medidas correctivas y ha empezado ya con la capacitación de los funcionarios electorales. No obstante, a causa de la presión sufrida por muchos funcionarios durante la primera ronda electoral, algunos oficiales electorales voluntarios han decidido renunciar. Estos problemas demuestran la necesidad urgente de reformar el sistema de empadronamiento electoral.

Compra de votos y coacción por parte de los partidos políticos
El Centro Carter recibió información fiable tanto en el Altiplano como en los departamentos de Alta y Baja Verapaz sobre diversas estrategias de compra de votos a nivel municipal puestas en práctica por algunos partidos políticos antes y durante la jornada electoral. Los votantes recibieron ofertas de dinero en efectivo, herramientas de agricultura, materiales para la construcción de viviendas, proyectos y créditos como incentivos para votar por determinado candidato o partido. El Centro Carter también recibió información de que algunos partidos registraron los nombres y números de cédula de aquellas personas que recibieron los bienes ofrecidos por los partidos. Al respecto, una observadora nacional comentó que la oferta de dinero y bienes entre comunidades pobres significaba "jugar con el hambre" de las personas.

Algunos observadores nacionales con experiencia en programas de desarrollo comunitario en el Altiplano Occidental explicaron a los observadores del Centro Carter que la práctica de compra de votos entre las comunidades indígenas no sólo toma ventaja de la pobreza sino que además saca provecho de las reglas culturales de reciprocidad al intentar establecer una obligación de votar por determinado partido. Este análisis fue compartido por algunos asistentes a las reuniones interinstitucionales convocadas por El Centro Carter quienes hicieron referencia a la manera en que se incrementa el impacto de dichas estrategias de compra de votos debido a la importancia otorgada por las comunidades indígenas a la palabra empeñada, norma que está a su vez relacionada con principios profundamente arraigados de reciprocidad y de obligación de cumplir con las promesas verbales.

Sin embargo, estas estrategias políticas deplorables no tuvieron éxito la mayoría de las veces. Observadores nacionales en el Altiplano coincidieron en notar que, en contraste con elecciones anteriores, el hecho de recibir un regalo o dinero de un partido político no garantizó necesariamente el voto en una determinada dirección. Según estos mismos observadores, los esfuerzos de concientización persuadieron a la ciudadanía de que aceptar un regalo proveniente de determinado partido no implicaba necesariamente la obligación de tener que votar por ese partido. Este consejo práctico logró minimizar el impacto de las estrategias de compra de votos en algunos municipios, sin embargó no se logró tratar la contradicción subyacente entre estas practicas y los valores fundamentales de las comunidades indígenas. Se necesitará más información y un análisis pormenorizado para medir el impacto de las estrategias de compra de votos a la luz de tales factores.

Varios observadores nacionales e internacionales manifestaron su preocupación por la falta de sanciones legales efectivas contra la práctica de compra de votos. Funcionarios del Ministerio Público explicaron a miembros del Centro Carter que ni la Ley Electoral y de Partidos Políticos ni el Código Penal tipifican como delitos a los intentos de inducir el voto a través de la entrega de beneficios antes de la emisión del sufragio. El Código Penal sí penaliza tales intentos cuando se dan en el mismo momento de ejercicio del voto. El Centro Carter no ha podido verificar una práctica consecuente por parte de las autoridades guatemaltecas de investigar faltas penales o administrativas relacionadas con este tipo de práctica. Tanto el TSE como el Ministerio Público señalan la dificultad de comprobar las prácticas de compra de votos o sus consecuencias, aún cuando se den cerca de los centros de votación y durante la jornada electoral.

Uso indebido de recursos públicos por parte del partido gobernante
El Centro Carter recibió información fiable sobre el uso indebido de recursos públicos con fines políticos en algunos municipios del Altiplano Occidental durante la campaña política que precedió a las elecciones del 9 de noviembre. De acuerdo al testimonio de observadores nacionales existió la oferta de proyectos de desarrollo, la condonación de deudas y la oferta de créditos a cambio del voto por el partido gobernante. En algunos casos, las agencias de desarrollo del Estado tomaron parte directa o indirectamente en estas estrategias de campaña política. Especialmente entre las poblaciones más vulnerables y excluidas estas estrategias generaron el temor de perder recursos vitales para su supervivencia. Además de estar explícitamente prohibidas por la Constitución de la República de Guatemala, este tipo de acciones violan acuerdos internacionales de derechos humanos al limitar el ejercicio de un voto libre.

En algunas regiones visitadas por El Centro Carter, la controvertida política de indemnización a los ex-Patrulleros de Autodefensa Civil (ex-PAC) fue utilizada para fines políticos por el partido gobernante. Un resultado inmediato de la politización de esta práctica fue el uso de recursos ilegales por parte de los miembros de los ex-PAC que no habían recibido su indemnización, recursos que incluyeron el bloqueo de carreteras, la toma de rehenes en varios municipios, entre ellos Retalhuleu, Quiche, y Huehuetenango, así como la amenaza de obstaculizar las elecciones. Además, en regiones que aún sufren las secuelas del conflicto armado interno, la política de indemnización ha traído como consecuencia el resurgimiento de problemas psicosociales y la posible revitalización de estructuras paramilitares.

Violencia Política
El Ministerio Público informó al Centro Carter sobre los casos de violencia relacionados con el proceso electoral que considera más relevantes. Un total de ocho casos han surgido con anterioridad a la fecha de las elecciones, otros nueve casos fueron reportados en directa relación a la jornada electoral y catorce casos más surgieron con posterioridad al día de las elecciones. Se incluye entre estos incidentes un homicidio y una variedad de situaciones de violencia política tal como la quema de urnas por parte de los votantes durante la jornada electoral en lugares como Cuyotenango, Suchitepequez y El Quetzal, San Marcos así como amenazas y ataques contra individuos. Sin embargo, el numero de casos de violencia política reportado por Mirador Electoral y la PDH es mucho mayor que la cantidad relativamente pequeña de casos que está siendo investigada por el MP, lo cual implica un cuestionamiento del acceso equitativo a la justicia, tema que se discute en profundidad más adelante. Como resultado de la violencia acaecida el 9 de noviembre en cuatro municipios, el TSE decidió suspender o anular los resultados, debiendo por tanto repetirse las elecciones en dichos distritos con fecha 28 de diciembre. Sin embargo el conflicto municipal persiste en más municipios, como Aguacatán, Huehuetenango, y especialmente en aquellos municipios en los que el alcalde buscaba su reelección, tal como en San Pedro Ayampúc y Cantabal, Ixcán.

Los casos de incidentes informados por el Ministerio Público que se dieron con posterioridad a la elección expresan generalmente el pedido de renuncia por parte de partidos opositores de un alcalde reelecto o la repetición de una elección basándose en imputaciones de fraude o corrupción. El Centro Carter está siguiendo algunos de estos casos en la región del Altiplano y le preocupa el riesgo de que puedan producirse incidentes violentos antes o durante la elección del 28 de diciembre.

En el caso de la notoria violencia política acaecida el 24 y 25 de julio - conocido como el 'jueves negro' - así como en otros casos similares, el Ministerio Publico indicó al Centro Carter que la inmunidad de la que gozan los funcionarios políticos bajo sospecha ha limitado las acciones legales por parte del Ministerio Público. Cabe destacar, sin embargo que dicha inmunidad no limita el poder del MP de realizar investigaciones.

Acceso a la Justicia durante el Proceso Electoral
Según el TSE y el MP, desde 1985 y hasta la fecha no han habido casos de procesamiento judicial a causa de delitos electorales. Funcionarios del TSE, de la PDH, y del MP, y observadores electorales nacionales señalan una serie de factores que limitan el acceso a la justicia en casos de anomalías y delitos electorales. Entre estos factores se incluyen la falta de capacidad investigativa y de recursos institucionales del MP y el TSE, la falta de capacitación de los fiscales de partidos políticos, y la escasez de denuncias formalmente hechas por las supuestas victimas ante las autoridades correspondientes.

Observadores y autoridades nacionales han informado al Centro Carter que la dificultad de acceso a estas instituciones investigativas y judiciales así como la falta de respuesta institucional por parte de las mismas ha gravado el riesgo de violencia en varios municipios, incluyendo Sácapulas y Aguacatán. En vista de la necesidad mencionada por observadores locales de lograr acciones preventivas y de mediación por parte de las instituciones gubernamentales, resulta alentador destacar que la PDH ha firmado acuerdos de no violencia con actores políticos relevantes en varios municipios, entre ellos San Pedro Ayampúc, Chinautla, and Amátitlan del departamento de Guatemala. En dichos acuerdos se establece el compromiso de aceptar pacíficamente los resultados de las elecciones presidenciales venideras.

Organizaciones de la Sociedad Civil y Autoridades Electorales
Entre los factores que contribuyeron al alto nivel de participación en las elecciones del 9 de noviembre se destacan los esfuerzos por parte de las organizaciones de la sociedad civil por brindar educación cívica y promover el libre ejercicio del derecho a votar. A pesar del clima de inseguridad e incertidumbre generado alrededor del proceso electoral, los grupos de la sociedad civil tuvieron una incidencia inédita y fundamental a través de las iniciativas de concientización y de fiscalización del proceso electoral.

Notablemente, las misiones de observación nacionales incorporaron un gran abanico de sectores sociales que habían estado históricamente marginados tanto social como política, económica y culturalmente. Tales experiencias de participación en delegaciones electorales parecen haber servido para fortalecer la conciencia y la capacidad de influencia política colectiva, por ejemplo entre la población indígena, las mujeres, y los jóvenes. La mayor parte de los grupos e individuos que participaron en las iniciativas de observación de carácter nacional provienen de movimientos sociales y organizaciones comunitarias ya existentes. Al incorporar sus experiencias electorales en su trabajo comunitario, estos voluntarios contribuirán a la formación de una sociedad civil cada vez mas compleja con mayor capacidad de fiscalizar las acciones del nuevo gobierno y de auditar el desempeño de los funcionarios públicos.

El Centro Carter ha notado asimismo la activa participación de voluntarios afiliados a la PDH, una institución de suma importancia para la fiscalización de las instituciones del Estado. El Ministerio Público también desplegó observadores electorales durante la jornada electoral con el fin de prevenir e investigar crímenes electorales. Observadores nacionales e internacionales están actualmente monitoreando los resultados de las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público, así cómo la coordinación entre el MP y la Inspectoría General del TSE.

A través de reuniones convocadas por El Centro Carter con posterioridad al 9 de noviembre en Chimaltenango, Sololá, El Quiché, Quetzaltenango, San Marcos, Totonicapán, y Huehuetenango, se ha podido apreciar que en algunas localidades existió una significativa coordinación entre las autoridades electorales y los observadores locales que resultó positiva. En el departamento de Quetzaltenango, por ejemplo, la colaboración de largo plazo ya existente entre agencias gubernamentales y no gubernamentales que participaban activamente de esta elección resultó en beneficios importantes y contribuyó de manera notable a una jornada electoral pacifica y efectiva. Sin embargo, en otros lugares, se notó una falta de colaboración, llegando en algunos casos a situaciones de abierto antagonismo. En todas las reuniones postelectorales organizadas por El Centro Carter, los participantes tanto gubernamentales como no gubernamentales, recomendaron que se promueva una mayor coordinación a fin de esclarecer funciones, compartir información y discutir estrategias de observación, con el fin último de fortalecer el proceso electoral.

Posible caída en la participación para el 28 de diciembre
Observadores y autoridades nacionales han manifestado su preocupación sobre una posible disminución en la participación ciudadana en la segunda vuelta electoral el día 28 de diciembre. Tal preocupación se relaciona en parte con el previsto cansancio de los votantes producido por las tensiones y obstáculos soportados por la población en general desde antes de la primera vuelta electoral el 9 de noviembre. El Centro Carter comparte la preocupación de algunos observadores nacionales que advierten que han sido relativamente pocas las iniciativas por parte de las autoridades y organizaciones civiles de llamar a la población a votar en la segunda vuelta. Al Centro Carter le preocupa asimismo que las plataformas políticas de los dos candidatos a presidente que se presentan en la segunda vuelta no brindan demasiada motivación para que los ciudadanos se movilicen a votar. Si bien ambos partidos se han abocado al objetivo de disminuir la confrontación entre sí durante la campaña política de la primera vuelta, ninguno de ellos ha presentado plataformas que traten en profundidad los temas de interés que preocupan a los ciudadanos en general.

Recomendaciones
El Centro Carter le da una bienvenida a los esfuerzos del TSE y demás autoridades publicas por promover y asegurar un ambiente conductivo para las elecciones el día 28 de Dic y por ello recomienda

Al Tribunal Supremo Electoral:
1) Tomar todas las medidas adicionales para minimizar el impacto de errores detectados en el padrón electoral durante la primera vuelta de votaciones.

2) Asegurar que la cantidad, ubicación y configuración interna de las urnas viabilicen un acceso eficiente, orden publico y secretividad para el votante.

3) Fortalecer la coordinación al interior del TSE, y proveer el entrenamiento adecuado y apoyo logístico a las autoridades electorales locales para que puedan asistir a los votantes. Hacer todo el esfuerzo necesario para proveer esta asistencia en el idioma local apropiado con imparcialidad y respeto para todos los votantes.

A las Autoridades del Estado y Partidos Políticos:
4) Asegurar el apoyo para los observadores nacionales, y que el papel de los observadores en el proceso electoral sea clarificado a través de esfuerzos de coordinación en todo nivel.

5) Tomar todas las medidas posibles para evitar la confrontación y posible violencia, especialmente a nivel municipal, por medio de coordinación efectiva y provisión de los recursos para mediación de conflictos electorales.

6) Clarificar los procedimientos para reportar abusos o violaciones de derechos de ley en torno a las Elecciones y partidos políticos, y tomar la acción expediente en respuesta a los alegatos.

7) Hacerle honor a los compromisos hechos en el Pacto Político del mes de julio 2003, especialmente a nivel municipal y en torno al compromiso de no usar recursos del estado y de asegurar transparencia en el financiamiento de campañas políticas.

8) Hacer un llamado a todos los votantes a participar en la segunda vuelta de elecciones.